El excongresista Benicio Ríos Ocsa en poder de la Policía
Nacional del Perú arribo anoche alrededor de las 22 horas a Cusco tras ser trasladado vía terrestre
desde la ciudad de Lima, al llegar a la Ciudad Imperial fue conducido por los
efectivos policiales integrantes del Departamento de Investigación Criminal
encabezados por el comandante Omar Gordillo Sarco al Palacio de Justicia
del Cusco donde fue internado en la carceleta para las acciones de Ley.
Trascendió que a primera hora será puesto a disposición
del Juzgado de Investigación Preparatoria, que lo sentenció a siete años de
cárcel por el delito de colusión para la audiencia de ejecución de condena,
luego lo recluirán en el penal de varones de Quenqoro.
Ayer en conferencia de prensa la División de
Investigación Criminal de la PNP coronel Julio Cesar Becerra Camara, confirmó
que las operaciones de ubicación y detención comenzaron con un acercamiento con
la familia y allegados; para garantizar la captura se viajó a Lima y con apoyo
de la PNP de Inteligencia lo detuvieron la noche del miércoles alrededor de las
20 y 30 horas.
Benicio Ríos Ocsa cumplirá siete años de cárcel tras la
ratificación de la sentencia por la Segunda Sala de Apelaciones tras la condena
en primera instancia por el juez Jimmy Manchego del Cuarto Juzgado Unipersonal
de Cusco, en diciembre del 2017. Este fue procesado por el delito contra la
administración pública, colusión, cometido cuando era alcalde de Urubamba en el
2007-2010.
Fue hallado culpable en la adquisición sobrevalorada de
10 hectáreas de terreno para el relleno sanitario en el distrito de Maras,
provincia cusqueña de Urubamba.
Los siete años de cárcel también son para el gerente
municipal, Raymundo Romero Cavero, y el propietario del predio, Mario Ccoyori
Salgado, con quienes hubo pacto e influencia para la compra desde el 2008,
después de que se formara una comisión encargada para la adquisición.
Se precisó que el mismo día del acuerdo municipal, el 21
de octubre del 2009, se giró el cheque a favor de Ccoyori Salgado y Romero
Cavero ordenó al administrador del Banco de la Nación el depósito por la suma
de un millón 224,000 soles (el terreno que costaba un dólar el metro cuadrado
llegó a costar cinco dólares).
El magistrado confirmó que los sentenciados fueron
inhabilitados también para ejercer un cargo público por tres años y al pago
solidario de una reparación a favor del Estado peruano, al ser agraviado el
municipio de Urubamba, de 250,000 soles.
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