El presidente del Consejo de
Ministros, Salvador del Solar, informó que, como parte de la posición del
Estado de redoblar el diálogo con los comuneros de Fuerabamba, quienes mantienen
bloqueado el Corredor Vial Apurímac-Cusco-Abancay, se ha tomado la decisión de
enviar una nueva comisión, la misma que estará conformada por los ministros de
Salud, de Desarrollo e Inclusión Social y de Transportes y Comunicaciones.
En conferencia de prensa, Del
Solar explicó que el Ejecutivo no tiene ninguna responsabilidad en la detención
del presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y de los asesores
legales de dicha localidad. Sostuvo que la decisión fue autónoma del Ministerio
Público y, en todo caso, tendría que ser dicha entidad la que haga informe de
las razones por las que se tomó la medida. Asimismo, dijo que es importante
saber si continuará la detención preliminar o, en caso exista la posibilidad,
según considere el Ministerio Público, cambiar a comparecencia, a fin de tener
un interlocutor válido.
“Se debe evitar la confusión. No
estamos ante un caso de criminalización de la protesta. Sabemos que el
Ministerio Público, desde febrero del 2017, conocía del comportamiento de los
hermanos Chávez en Apurímac y Ayacucho. En ese momento, no tenía ninguna
relación, todavía, con ningún comunero y mucho menos con un dirigente o
presidente comunal. En el avance de las investigaciones, el Ministerio Público
ha considerado que debía presentar una denuncia y una orden de detención
preliminar contra los hermanos Chávez y el presidente de Fuerabamba. Nosotros
hemos manifestado nuestra preocupación por el estado del presidente de la
comunidad, por ello nos hemos acercado para saber si está teniendo la legítima
defensa”, dijo.
En ese sentido, indicó que la
presencia de los ministros busca reconducir las conversaciones con los comuneros,
debido a que desde el 11 de marzo están interrumpidas. Indicó que la nueva
comisión reforzará el trabajo que viene realizando los representantes del
Ejecutivo que se encuentran desde la semana pasada en la zona.
“(Nosotros) queremos darle a esto
no solo una solución definitiva, sino una mirada de desarrollo. El compromiso
de este Gobierno es dar ese paso. Por ello, están viajando los ministros para que
reconduzcamos la conversación de un conflicto que ha sido severamente afectado
por personas externas a la comunidad y que todo indica, según la información
que se ha hecho pública, que ha sido con un comportamiento extorsivo, el mismo
que ha influenciado a la dirigencia de la comunidad”, precisó.
Respecto a la vía pública que se
encuentra bloqueada, el jefe del Gabinete sostuvo que ese siempre fue un camino
vecinal que ya existía, por lo menos, desde el año 2008, fecha anterior al
inicio de operaciones de la minera. Agregó que, en un primer momento, por
pedido de las autoridades locales, incluido el gobernador del Cusco, se cambió
la clasificación de departamental a regional. Tiempo después, ante la solicitud
de asfaltar la vía de más de 300 kilómetros, se decide darle la clasificación
de nacional.
Precisó que en el esfuerzo del
Ejecutivo por hacer esta vía es que entran a tallar los hermanos Chávez,
quienes, según audios legítimos tomados por Poder Judicial, que hoy han sido
publicados en los medios de comunicación, le habrían exigido a la comunidad que
deje de negociar con el Estado y presionen a la minera.
“En ningún momento hemos dicho que
la demanda de los comuneros carezca de legitimidad. Lo que no es aceptable es
que cualquier pedido que tengamos en sociedad pase por encima de los derechos
de los demás. No se puede interrumpir una vía pública. Si la comunidad
considera que tiene una expectativa económica, existen otros canales para
lograrlo y el Gobierno puede apoyar en eso”, dijo.
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